La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de la región centroandina de Junín solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva para ocho miembros del Ejército del Perú. Los efectivos de la Compañía Especial de Comandos N.° 31 son investigados por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, tras la muerte de cinco civiles y las lesiones de tres sobrevivientes durante un operativo realizado el pasado 25 de abril en la región de Huancavelica, en el sur del país.

Los imputados por el Ministerio Público son el capitán EP Luis Joel Montenegro Pardo, quien lideraba la operación, Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.

???? Perú ???????? | Cinco jóvenes fueron asesinados por una patrulla militar el 25 de abril en Colcabamba, Huancavelica.

El Ejército alegó vínculos con el narcotráfico para justificar su accionar, sin embargo, un sobreviviente desmintió la versión. Hoy familias enlutadas y… pic.twitter.com/cinVBdC2EQ

— Ramiro Angulo Machiavello (@RamiroteleSURtv) May 8, 2026

La hipótesis fiscal sostiene que los uniformados incurrieron en un uso desproporcionado y letal de la fuerza en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, contradiciendo la versión inicial del Comando Especial Vraem sobre un presunto enfrentamiento armado con elementos hostiles.

Los hechos se registraron en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la jurisdicción de la provincia andina de Tayacaja, dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. En ese punto, una camioneta donde viajaban al menos siete personas fue acribillada por los militares en medio de una intervención por presunto tráfico ilícito de drogas.

???? #LoÚltimo | Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín requirió 18 meses de prisión preventiva para los ocho militares investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que fueron interceptados en la carretera… pic.twitter.com/S2aOuR3RPE

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 8, 2026

La versión de los soldados indica que dispararon porque el vehículo no acató la orden de detenerse y que los pasajeros iniciaron un tiroteo; sin embargo, las diligencias preliminares de las autoridades judiciales no hallaron armas ni drogas en la camioneta impactada.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, a cargo de la fiscal Zina Romero Chávez, abrió la investigación preliminar que también incluye a tres civiles. Junto al Departamento de Investigación Criminal Huanta-Ayacucho, se dispuso la ejecución de pericias balísticas forenses y de absorción atómica a los militares, la incautación de sus teléfonos celulares, el peritaje del vehículo afectado y la toma de declaraciones de los implicados y sobrevivientes.

Los ocho militares fueron detenidos en un primer momento y posteriormente liberados bajo órdenes de comparecencia, a la espera de las resoluciones de la prisión preventiva.

Lo advertimos desde el primer momento ante el asesinato de estudiantes en Colcabamba, Huancavelica. Saludamos la decisión del @FiscaliaPeru de dictar 18 meses de prisión preventiva. Exigimos que las investigaciones continúen y que los responsables sean sancionados. https://t.co/r8Sg9lrIGa

— Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) June 9, 2026

El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, informó que entre los cinco fallecidos se encontraba un ciudadano colombiano que ingresó al país de forma irregular y registraba antecedentes internacionales por tráfico de armas.

El Vraem es una zona de selva montañosa que abarca cinco regiones peruanas, donde opera el narcotráfico produciendo más de la mitad de la cocaína que exporta el país, junto a remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso.

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Ante el suceso, organismos internacionales de derechos humanos instaron a investigar el uso arbitrario de la fuerza conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, advirtiendo que la estigmatización de las víctimas vulnera la presunción de inocencia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió una indagación inmediata, independiente y la aplicación de sanciones efectivas a los responsables de la operación.

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